Posteriormente vino la ratificación en pleno de los magistrados. Luego, la denuncia ante el Tribunal Nacional de Ética Médica por el presunto de prevaricato, radicación de denuncia por el mismo concepto ante la Procuraduría Nacional, ratificación en Procuraduría Departamental del Meta, corrección de los errores que se dieron en el proceso y a continuación, respuesta a la comunicación enviada por el doctor Fernando Guzmán Mora, presidente encargado del Tribunal Nacional de Ética Médica, al doctor Guillermo Sánchez Munévar, presidente del Tribunal de Ética Medica del Meta.

Es muy decepcionante tener que recordar qué razones me llevan a escribir sobre las actuaciones del Tribunal de Ética Medica del Meta. Habitualmente, a los médicos generales nos da miedo denunciar, ya sea por conservar el trabajo o porque creemos que es inútil hacerlo. Sin embargo, quienes nos atrevemos, esperamos consecuencias positivas, en beneficio de nuestra nobilísima profesión. No se trata de nada personal, sino de exigir el cumplimiento de la ley. Por eso, hago claridad en lo siguiente:

La opinión presentada en la edición Nº 25 de El Signo Vital, en esta misma columna, fue debidamente corregida. Tal es la muestra de buena fe de mi parte, que le permití al doctor Abella Pedraza que participara en la redacción del articulo “Los Tropiezos del Camino”, publicado en la edición de julio-agosto.

Pero insisto, es necesaria una revisión del desempeño de los magistrados del Tribunal de Ética Medica del Meta a la luz de los postulados doctrinarios de la Ley 23 de 1981 y el concurso de la Procuraduría. Mis denuncias por el presunto delito de prevaricato contra dichos magistrados tienen asideros bastante ciertos y estoy en capacidad de aportar los elementos probatorios y producir los análisis correspondientes para sustentar el proceso.

Insisto en la necesidad de rescatar los valores éticos, sobre todo ahora que las EPS promueven su violación, con la complacencia silenciosa de muchos médicos que se desempeñan como administrativos. En el tema tienen cabida tres actores: el médico, como efector primario de estos principios, el medio, como matriz o escenario donde se desarrolla el quehacer del médico y por último, los tribunales de ética médica, como regentes y garantes inquebrantables del cumplimiento estricto de los principios doctrinarios de la ley.

El médico, sea que se desempeñe asistencial o administrativamente, no deja de ser médico y por ende, está obligado a observar y sujetarse a la Ley 23 de 1981. Conductas como obligar a los colegas a reducir el tiempo de la consulta y restringir la prescripción de medicamentos y ayudas diagnósticas, esta en abierta contraposición a los postulados de la ética medica. ¿Yo mandaría a mi hermano a cometer delitos o a emplearse en trabajos forzados para que me lucre a mí? ¿Es eso tratar con lealtad y consideración mutua a los colegas médicos? ¿10 minutos es el “tiempo necesario” para una adecuada atención? ¿Planillar pacientes cada 10 minutos no es ir contra del artículo 10 de la Ley 23/1981?
Por estas consideraciones de fondo denuncié al médico Pino García ante el Tribunal de Ética Medica del Meta.

La respuesta de los cinco magistrados fue que siendo actos administrativos de este “Caballero ilustre de la medicina moderna”, el Tribunal no tenía facultades para abrir investigación en su contra.

Pregunto, ¿no es prevaricato cuando una autoridad representante del Estado, designada para administrar justicia, se abstiene aplicar la ley?  Más cuando el Titulo II, Capítulo II, habla “de las relaciones del médico con sus colegas”, lo que quiere decir que los médicos tenemos obligaciones ético/legales con los demás médicos.

Por eso esperaba que, por lo menos, ese Tribunal local se oxigenara con dos o tres nuevas figuras, que le prestaran más atención a este tipo de conductas tan extendidas actualmente, sin que estuviera interesado en que colocaran allí a determinados nombres.

Lamentablemente, no se dieron las cosas.

Es posible que el Tribunal Nacional no estuviera enterado de los pormenores anotados.
Sobre este caso del doctor Pino García, le notifiqué al doctor Juan Mendoza Vega el día 16 de marzo del presente año y él a su vez me escribió el día 28 diciendo que habían tomado atenta nota.

Para poner punto final a esta serie, tomé la decisión de declararme en desobediencia civil y desconocer a los actuales magistrados del Tribunal de Ética Medica del Meta, hasta que no haya un pronunciamiento oficial y público tanto del Tribunal Nacional como de la Procuraduría.