En 1991 tres médicos y una entidad pública de cuarto nivel fueron condenados por negligencia médica en la prestación del servicio y en la operación de cesárea practicada a Yomaira Bermúdez Yañez.

En el proceso de indemnización, los especialistas que la intervinieron fueron obligados a pagar un monto por perjuicios económicos y morales de los tres hijos de la víctima, y la institución fue declarada solidariamente responsable con el equipo médico y obligada a reconocer una suma importante.

Como este caso, los procesos de responsabilidad civil ligados a la práctica de la medicina buscan una cuantía económica para tratar de resarcir, de alguna manera, los daños físicos y morales ocasionados a un paciente.

Según Natalie Marulanda, coordinadora de investigaciones de la División Científica de la Sociedad Colombiana de Anestesiología y Reanimación –Scare-, “la casuística del Fondo Especial para Auxilio Solidario de Demandas –Fepasde-muestra que los procesos civiles se mantienen constantes en el tercer lugar, teniendo en cuenta el tipo de procesos que afectan a los profesionales de la salud, a excepción de Antioquia, en donde después de los procesos éticos, los civiles equivalen al 23% total de las demandas en esa región, por encima de los procesos penales”.

Lo que más preocupa, es que muchos de esos procesos civiles empezaron en un proceso penal y que pueden derivarse del mismo procesos éticos y disciplinarios, por los cuales las pólizas de responsabilidad civil profesional no amparan a los profesionales de la salud.

Para estimar en promedio cuánto dinero puede implicar una demanda por responsabilidad civil, lo primero es tener en cuenta los costos por los servicios de un abogado especializado en materia civil, que se encargue de la representación en todas las instancias del proceso, incluso en el recurso de casación, en caso de que después de perderse el caso en primera y segunda instancia, se solicite una revisión del proceso por parte de la Corte Suprema de Justicia, de $10 $15 millones, aproximadamente.

Se suma que, si el profesional involucrado pierde el proceso, deberá pagar a la víctima o a sus familiares el valor que el juez determine justo para remediar los perjuicios ocasionados. En ello inciden diversos factores: si la víctima muere o existen lesiones, la edad del perjudicado, sus ingresos, el número de personas que hayan demandado, etc.

Para Karina Núñez, abogada especializada en derecho civil, la suma puede llegar a superar los $100 millones, debido a que en muchos de los casos se logra probar por parte de la víctima la imposibilidad para seguir trabajando que, sumado al daño moral para ésta y sus familiares, conduce al incremento de la condena.

En Colombia la responsabilidad civil de los profesionales de la salud está enmarcada dentro de un Régimen Subjetivo de Responsabilidad, significa que en el proceso se debe entrar a probar la culpa del médico, para poder hacer efectiva una condena y una posterior indemnización a la víctima.

Sin embargo, en algunos casos, los jueces pueden variar su postura y agravar la situación del profesional de la salud involucrado. Por ejemplo, si se le exige por resultados y no por la disposición de utilizar todos los medios disponibles para procurar la salud de su paciente.

“En algunos fallos de las Cortes se ha considerado que para los casos de ginecobstetricia y cirugía plástica la obligación es de resultados y no de medios, en el primer caso por tratarse de un hecho natural que no debería revestir ningún peligro para la madre y el hijo, y en el segundo, por el estado de pre-sanidad del paciente y el compromiso frente a éste de obtener un determinado resultado”, explica la abogada.

Y aunque en la mayoría de los casos, el abogado defensor busca demostrar la ausencia de responsabilidad del profesional de la salud que prestó el servicio, el sólo hecho de presentarse la sentencia demanda unos costos importantes para la IPS y para el particular que, en últimas, puede verse bastante afectado en lo económico.